Problema Central: Vulneración de los derechos humanos atinente a la población privada de la libertad del municipio de Sucre
Situación: El acceso a una justicia eficaz y el uso de los métodos alternativos de solución de conflictos permite garantizar el derecho a la administración de justicia y propicia un ambiente de paz y convivencia pacífica en el municipio. La ley 65 de 1993³Por la cual se expide el código penitenciario y carcelario´en su artículo 17 dice ³Corresponde a los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, la creación, fusión o supresión, dirección, y organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad policiva. Mientras se expide la ley que atribuya a las autoridades judiciales el conocimiento de los hechos punibles sancionables actualmente con pena de arresto por las autoridades de policía, éstas continuarán conociendo de los mismos. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ejercerá la inspección y vigilancia de las cárceles de las entidades territoriales. En los presupuestos municipales y departamentales, se incluirán las partidas necesarias para los gastos de sus cárceles, como pagos de empleados, raciones de presos, vigilancia de los mismos, gastos de remisiones y viáticos, materiales y suministros, compra de equipos y demás servicios. Los gobernadores y alcaldes respectivamente, se abstendrán de aprobar o sancionar según el caso, los presupuestos departamentales y municipales que no llenen los requisitos señalados en este artículo. Actualmente se presenta alguna serie conflictos los cuales inicialmente se debe buscar la resolución inicial además del apoyo a los centros de reclusión
Magnitud: Un (1) convenios con centros carcelarios cercanos