Problema Central: Condiciones inadecuadas en los centros de detención transitoria en Quibdó que vulneran derechos humanos, afectan la dignidad de los detenidos y contribuyen a la desconfianza en el sistema judicial.
Situación: El municipio de Quibdó, capital del departamento del Chocó, enfrenta una problemática significativa en relación con las condiciones de los centros de detención transitoria. Estos espacios, destinados a albergar a personas privadas de la libertad por períodos breves, presentan graves deficiencias que vulneran los derechos humanos de los detenidos y generan un impacto negativo en la percepción de justicia en la región. Los centros de detención transitoria en Quibdó enfrentan niveles críticos de hacinamiento. Según informes locales, la capacidad instalada de estos centros se encuentra excedida en un 150% en promedio, lo que impide garantizar un espacio mínimo por persona conforme a los estándares internacionales. Falta de servicios básicos como agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas y sistemas de ventilación. Estas condiciones incrementan el riesgo de enfermedades y afectan la dignidad de los detenidos. Las estaciones de policía y otros centros habilitados para la detención transitoria no cumplen con los requisitos establecidos por la Ley 65 de 1993 y las Reglas Mandela. Esto incluye espacios reducidos, materiales en mal estado y ausencia de áreas para el descanso. Las condiciones actuales de los centros transitorios no cumplen con los principios de dignidad y respeto a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y tratados internacionales. Los detenidos enfrentan dificultades para acceder a sus abogados, a servicios médicos y a visitas familiares, lo que agrava su situación psicológica y emocional. El problema de los centros de detención transitoria en Quibdó requiere una intervención inmediata y multisectorial que aborde las carencias estructurales, institucionales y sociales. Mejorar estas condiciones es fundamental no solo para garantizar los derechos humanos de los detenidos, sino también para fortalecer la legitimidad del sistema de justicia y promover la cohesión social en el municipio.
Magnitud: Los centros de detención transitoria operan con un 150% de sobrecupo en promedio, lo que representa un exceso crítico de capacidad, solo el 40% del presupuesto necesario se destina al mantenimiento y mejora de los centros, dejando un 60% de necesidades insatisfechas. Donde más del 70% de los detenidos reportan condiciones insalubres que afectan su salud física y mental. La cobertura de personal capacitado es apenas del 50%, lo que limita la atención adecuada y la seguridad y un aumento del 30% en las detenciones preventivas en los últimos cinco años agrava la problemática de hacinamiento y recursos.