Problema Central: Pocas acciones para garantizar el acceso a los derechos de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado en el municipio de Montería
Situación: Montería alberga a 92.243 personas que han sido identificadas y registradas como víctimas del conflicto armado, según los datos de la Unidad de Víctimas a corte de diciembre de 2023. Estas personas son consideradas sujetos de atención y, en su mayoría, han sufrido hechos victimizantes como desplazamientos forzados, homicidios y la colocación de minas antipersonal. La ubicación geográfica de Montería la convierte en un municipio receptor de víctimas, tanto de su zona rural como de otros municipios del departamento de Córdoba y de diversas regiones del país, afectadas por el conflicto armado. Este fenómeno se ve reflejado en el hecho de que 1 de cada 5 habitantes de Montería es víctima del conflicto, una situación que responde a las múltiples violaciones de derechos humanos y transgresiones al derecho internacional humanitario (DIH) que se han perpetrado en zonas cercanas como el Norte de Antioquia y el sur de Córdoba. Estas regiones, históricamente afectadas por actores armados ilegales, han sido escenario de graves afectaciones a la población civil, lo que ha obligado a miles de personas a huir de sus hogares y buscar refugio en Montería. La alta concentración de víctimas en la ciudad refleja la magnitud del conflicto en la región, destacando la necesidad urgente de implementar medidas de atención, reparación y justicia para esta población altamente vulnerable.
Magnitud: Un total de 58.907 víctimas del conflicto armado en Montería continúan en una situación de vulnerabilidad, sin haber superado diversas carencias esenciales para su bienestar y desarrollo. De ellas, 7.723 víctimas enfrentan serias dificultades en la generación de ingresos, lo que limita su capacidad para satisfacer sus necesidades básicas y participar activamente en la economía. En cuanto a subsistencia mínima, 6.427 víctimas aún no tienen acceso adecuado a alimentación, mientras que 42.052 víctimas padecen carencias en cuanto a alojamiento, lo que pone en riesgo su salud y seguridad. A su vez, la educación sigue siendo un desafío para 994 víctimas, quienes no han logrado acceder a los niveles educativos necesarios para su desarrollo integral. La falta de atención psicosocial también afecta a 5.216 víctimas, quienes requieren apoyo emocional y psicológico para superar los traumas derivados del conflicto. Estas cifras reflejan no solo la magnitud de la vulnerabilidad que persiste en esta población, sino también la urgente necesidad de implementar políticas y acciones concretas que permitan a las víctimas acceder a los derechos fundamentales, como la alimentación, la vivienda, la educación y el apoyo psicosocial, con el fin de garantizar su integración social y su bienestar a largo plazo.