Problema Central: Déficit en la protección de los derechos humanos básicos de las personas en situación de calle
Situación: En el municipio de Caldas, Antioquia, las personas en situación de calle enfrentan una profunda desprotección de sus derechos humanos básicos, evidenciada por la falta de acceso a servicios sociales integrales que incluyan alimentación, vivienda digna, salud y educación. Esta situación refleja un vacío en la cobertura y calidad de los programas diseñados para atender las necesidades de esta población, lo que perpetúa condiciones de alta vulnerabilidad. Una de las principales causas es la insuficiente articulación entre las entidades públicas y privadas encargadas de brindar apoyo a esta población. La falta de coordinación genera una oferta de servicios fragmentada y limitada, que no responde de manera integral a las problemáticas que enfrentan las personas en situación de calle. Además, los recursos destinados a estos programas son insuficientes para abarcar el alcance y la profundidad necesarios para transformar sus condiciones de vida. Como consecuencia directa, la población en situación de calle experimenta un incremento en su exclusión social y vulnerabilidad. Sin acceso a servicios esenciales, se ven obligados a sobrevivir en condiciones precarias que afectan su salud física y mental, limitan sus oportunidades de reintegrarse a la sociedad y los colocan en un ciclo constante de marginación. En un panorama más amplio, esta desprotección contribuye a perpetuar las condiciones de pobreza extrema y exclusión social en el municipio. La falta de acciones sostenibles y estructurales no solo afecta directamente a estas personas, sino que también incrementa los desafíos sociales, económicos y culturales del territorio, dificultando el desarrollo de una sociedad inclusiva y equitativa.
Magnitud: En el municipio de Caldas, Antioquia, la desprotección de los derechos humanos básicos de las personas en situación de calle es un problema crítico que afecta a una población en constante crecimiento. Aunque no se cuenta con un censo específico reciente, se estima que decenas de personas viven en condiciones de indigencia y pobreza extrema, muchas de ellas enfrentando problemas de salud física y mental, desnutrición y vulneración de derechos fundamentales. La oferta de servicios sociales integrales para esta población es limitada y fragmentada. Actualmente, solo una parte de las personas en situación de calle tiene acceso a programas de alimentación básica o servicios de salud, y estos suelen ser de carácter temporal o de emergencia, sin garantizar una solución estructural. La cobertura en vivienda transitoria o centros de atención es insuficiente, con cupos reducidos y listas de espera que dificultan la atención inmediata. Además, la falta de articulación entre entidades públicas y privadas ha generado brechas significativas en la prestación de servicios. Aunque existen esfuerzos aislados, como programas de asistencia alimentaria y algunas iniciativas de salud y apoyo psicosocial, estos no están integrados en una estrategia territorial sostenible que permita atender las causas de fondo del problema. La exclusión social y el estigma hacia esta población agravan la situación, limitando aún más su acceso a oportunidades de empleo, educación y participación comunitaria. Esto perpetúa un ciclo de pobreza extrema y marginación que afecta tanto a las personas directamente involucradas como al tejido social del municipio, incrementando las tensiones sociales y los costos asociados al manejo de esta problemática no resuelta.