Problema Central: San Jerónimo enfrenta barreras de acceso a la justicia que afectan a la población vulnerable.
Situación: En el municipio de San Jerónimo, el acceso a la justicia enfrenta múltiples limitaciones que impactan negativamente en la capacidad de los habitantes para resolver conflictos, proteger sus derechos y obtener reparaciones justas. Actualmente, las instituciones encargadas de garantizar el acceso a la justicia presentan insuficiencia de recursos humanos, técnicos y financieros, lo que dificulta la atención oportuna y efectiva de casos relacionados con violencia de género, contravenciones y disputas comunitarias. Adicionalmente, una parte considerable de la población carece de conocimiento sobre sus derechos legales y los procedimientos para acceder a mecanismos de justicia, lo que aumenta la percepción de desamparo frente a situaciones de violencia o conflictos no resueltos. Esta situación se agrava por la falta de programas de educación jurídica y promoción de la justicia, así como por la limitada articulación entre las entidades locales y regionales responsables del sistema judicial. La infraestructura actual para la gestión de casos judiciales es precaria, lo que retrasa los procesos legales y fomenta una sensación de impunidad. Esto impacta especialmente a los sectores más vulnerables de la población, que enfrentan barreras adicionales como la pobreza, la exclusión social y la discriminación.
Magnitud: En el municipio de San Jerónimo, el acceso limitado a la justicia afecta significativamente a la población, con altos niveles de violencia de género no denunciada, conflictos comunitarios sin resolver y una creciente desconfianza hacia las instituciones judiciales. La insuficiencia de personal, infraestructura y servicios de orientación jurídica dificulta la atención oportuna de casos, mientras que un gran porcentaje de la población desconoce sus derechos y los mecanismos legales disponibles. Indicadores como la baja tasa de denuncias de violencia de género, el reducido número de conflictos gestionados, el tiempo promedio prolongado para resolver casos y la falta de capacitación comunitaria en derechos legales evidencian la magnitud del problema y la necesidad urgente de implementar acciones integrales para garantizar un acceso efectivo y equitativo a la justicia.