Problema Central: Altos niveles de riesgo y amenazas contra líderes sociales en el departamento de Bolívar, debido a la insuficiencia de estrategias efectivas de prevención y protección.
Situación: En Colombia, las entidades territoriales tienen la obligación constitucional y legal de proteger la vida, la integridad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, con especial atención a los sectores poblacionales en situación de vulnerabilidad. Esta obligación deriva del artículo 2 de la Constitución Política, que establece como fines esenciales del Estado la garantía de los derechos, la convivencia pacífica y la seguridad. Además, se fundamenta en la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), la Ley 1257 de 2008 (para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres), y el Decreto 660 de 2018, que regula la creación de esquemas colectivos de protección para líderes sociales. En el departamento de Bolívar, como en otras regiones del país, persiste una situación crítica de riesgo para líderes y lideresas sociales, activistas y representantes de diversas organizaciones sociales y comunitarias. Según el Informe de la Defensoría del Pueblo (2023), Bolívar se encuentra entre los departamentos con más alertas tempranas por riesgos asociados a violaciones de derechos humanos contra líderes sociales. La violencia, que incluye amenazas, asesinatos, desplazamientos y atentados, afecta especialmente a quienes defienden derechos territoriales, ambientales, de género y de comunidades étnicas. La violencia contra líderes sociales tiene efectos devastadores en sus comunidades. Estas acciones debilitan los procesos organizativos, profundizan la desconfianza en las instituciones y generan desplazamientos masivos y pérdida de derechos colectivos.
Magnitud: El riesgo y la amenaza contra líderes y lideresas sociales en el departamento de Bolívar se derivan de múltiples factores asociados a la violencia estructural, la presencia de grupos armados ilegales y las dinámicas de conflicto social y territorial. Este sector poblacional enfrenta un conjunto de riesgos que incluyen: 1. Alta incidencia de amenazas y ataques: Según el informe de la MOE (2023), Bolívar registró más de 50 incidentes de violencia política y social contra líderes en el último año. Además, cifras de Indepaz reportan que, desde 2021, más de 20 líderes sociales han sido asesinados en el departamento, lo que ubica a Bolívar como una de las zona s con mayor riesgo. 2. Grupos poblacionales afectados: Las principales víctimas de estas amenazas y hechos violentos son líderes de organizaciones comunales, indígenas, afrodescendientes, campesinas, sindicales, ambientales, de mujeres, de jóvenes y de población LGBTIQ+. Estas comunidades enfrentan un riesgo diferencial debido a su papel como defensores de derechos y promotores de procesos de inclusión y transformación social. 3. Factores de riesgo estructural: - Presencia de actores armados ilegales: El departamento de Bolívar, especialmente en regiones rurales como el sur del departamento, registra la presencia de grupos armados ilegales que disputan el control territorial y económico. Estos grupos ven en los líderes sociales una amenaza a sus intereses. - Conflictos territoriales: La lucha por el control de tierras para actividades extractivas, cultivos ilícitos y proyectos mineros ilegales genera un entorno de vulnerabilidad para los defensores de derechos territoriales y ambientales. 4. Insuficiencia de medidas de protección: A pesar de los esfuerzos normativos, los esquemas de protección individual y colectivo son insuficientes. Según la Procuraduría (2023), en Bolívar el 70 % de los líderes sociales en riesgo no cuenta con medidas de protección efectivas ni con acompañamiento institucional.